El Tribunal Supremo ratifica el derecho de cualquier ciudadano/a a grabar los Plenos

La agencia EFE ha distribuido hoy esta nota sobre la sentencia del Tribunal Supremo ratificando el derecho de cualquier ciudadano/a a grabar los Plenos de los Ayuntamientos.

Si antes estaba ya claro, ahora está clarísimo.
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EFE

MADRID.- El Tribunal Supremo ha confirmado que todos los individuos que asistan a los plenos de los ayuntamientos pueden grabar el contenido de los mismos, aunque no pertenezcan a medios de comunicación autorizados, en base a los derechos fundamentales de libertad de expresión e información.
La Sala de lo Contencioso Administrativo de alto tribunal avala en una sentencia el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de noviembre de 2013, por el que se consideraba que la prohibición de grabar las sesiones plenarias del Ayuntamiento de Mogán, en Gran Canaria, va en contra de los derechos fundamentales.
En concreto, el artículo 107 del Reglamento Orgánico Municipal de Mogán establece que los medios de comunicación autorizados, los concejales y el público en general asistente "tendrán prohibido efectuar grabaciones de imagen y sonido sin la previa y discrecional autorización de la Presidencia del Pleno".
Un concejal condenado por un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria a una multa por grabar un pleno presentó un recurso contencioso administrativo contra ese artículo ante el TSJC, instancia que estimó los argumentos y declaró nula la prohibición del Ayuntamiento.
El consistorio de la localidad canaria recurrió esa sentencia, invocando que el reglamento municipal no prohíbe expresamente la grabación de los plenos, sino que deja esa decisión al arbitrio del alcalde.
La sentencia del Supremo, no obstante, considera que sí existe una prohibición general en el reglamento y que, por tanto, se vulneran tanto el derecho de expresión -la libre comunicación de pensamiento y de la información- como el de información -el derecho de los individuos a recibir la información sin trabas-, ambos recogidos en el artículo 20.1 de la Constitución Española.
Apela además al carácter institucional de la información procedente de las sesiones de un ayuntamiento, en las que se toman decisiones con carácter de interés general, por lo que, según la sentencia, la grabación de los contenidos de los plenos ayuda a la creación de una opinión pública libre.
Especifica, en base a lo recogido en la Carta Magna, que ambos derechos son de titularidad de todos los ciudadanos, independientemente de su pertenencia o no a medios de comunicación.

La Ley de Viviendas Rurales Sostenibles de la Comunidad de Madrid, tiene sus días contados

Una buenísima noticia que nos trae este mes de agosto, es que los grupos parlamentarios de PODEMOS, PSOE y Ciudadanos han presentado una proposición del ley para la derogación de la Ley VIRUS de la Comunidad de Madrid, lo que garantiza su desaparición, al tener estos tres grupos la mayoría absoluta de los votos en la Asamblea de Madrid.
Nuestra compañera Laura Díaz, diputada autonómica y vecina de El Escorial, ha sido una de las autoras de esta proposición.

Así era recogida la noticia en ABC:
"Los portavoces de la oposición Ángel Gabilondo (PSM), Ignacio Aguado (C's) y José Manuel López (Podemos) han registrado en la Asamblea una proposición para derogar la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles, llamada Ley VIRUS, por considerarla perjudicial para los madrileños y que «solo beneficia a unos pocos».
Gabilondo ha explicado que la ley permite construir, «por cada seis hectáreas, una casa de 900 metros con todas las entradas de agua, luz, gas, con vallados, accesos y cementos» en zonas que deben estar protegidas como los montes de El Pardo, Boadilla, Majadahonda y Pozuelo.
El portavoz socialista no entiende «en qué sentido» se habla de viviendas sostenibles en esta ley que es «perniciosa para todos», y ha agradecido a la Asociación de Amigos de Pozuelo, «que han defendido el Monte del Pardo», y a los concejales del PSOE de Pozuelo, además de asociaciones ecologistas y vecinales que han recogido casi 50.000 firmas contra esta ley.
Para Aguado «no tiene ningún sentido que la política ambiental de la Comunidad pase por desregular el sector rural, los montes de los madrileños», y además «una parte importante del PP también está en contra de esta ley, que no beneficia a los madrileños, solo beneficia a unos pocos».
El portavoz de Podemos cree que «se aprobó contra la ciudadanía para legalizar casas muy cercanas a gente del PP, como en el Monte del Pilar en Pozuelo, lo que va contra el patrimonio medioambiental de todos los madrileños».
López ha advertido al Gobierno regional que «se acabó el rodillo» y que el PP no solo tendrá que acostumbrarse a negociar, sino también «a derogar leyes», como ha asegurado que ocurrirá en este caso.
El portavoz del PP, Enrique Ossorio, ha admitido que «muy probablemente» la Ley Virus se pueda dar por derogada en esta legislatura, pero ha explicado que la aplicación de esta norma, dictada en 2012, ha sido «muy reducida».
Tras recalcar que el grupo Popular está «abierto a debatir todo», Ossorio ha dicho que hablarán con la Consejería de Medio Ambiente y participarán en la tramitación de esta proposición, sobre la que están «dispuestos a llegar a acuerdos».
Esta ley, ha dicho Ossorio, responde a «un compromiso electoral que estaba en el programa del PP del año 2011, y es bastante garantista» con el medio ambiente.
Prueba de ello, según el portavoz popular, es «la poca aplicación» que ha tenido, ya que su primer requisito es que el terreno tenga al menos 60.000 metros y además no permite construir si el suelo está protegido, lo que es el caso de la mitad del terreno de la Comunidad.
La ley 5/2012 reconocía el derecho de los propietarios que reunían los requisitos a «edificar una vivienda unifamiliar aislada en todo suelo con protección sectorial, cuando su régimen jurídico no prohíba el uso residencial», explica la proposición registrada hoy.
Es decir, «viviendas de 900 metros cuadrados por cada 6 hectáreas de terreno incluso en suelo rural no urbanizable y sujeto a especial protección», todo ello bajo «el auspicio de las licencias municipales» y del procedimiento establecido en la propia ley, continúa.
Dicho procedimiento -señalan PSM, Ciudadanos y Podemos- permite actuar a la Comunidad de Madrid «si así lo estima oportuno, estableciendo un régimen de silencio positivo».
Además de campañas en contra y recogidas masivas de firmas, el PSM presentó en marzo de 2013 un recurso de inconstitucionalidad ante el TC. Los tres grupos piden la derogación de la Ley y la paralización de las licencias que se hayan solicitado a su amparo."